Solicitan que se investigue la desaparición de Edmur Camargo
Agencia La Oreja Que Piensa. www.comisionporlamemoria.org
A partir del trabajo conjunto de investigación realizado sobre los archivos que custodian la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, estas organizaciones formularon denuncia penal para que se investigue y lleve a juicio a los responsables de la desaparición del ciudadano brasilero Edmur Camargo, secuestrado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en 1971, en un operativo que contó con la coordinación de las dictaduras de Argentina, Brasil y Chile.
Ambos organismos fueron aceptados como querellantes en la causa judicial. También firmaron un convenio de colaboración para continuar trabajando para fortalecer el proceso de Memoria, Verdad y Justicia.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil solicitaron a la justicia federal de Lomas de Zamora que investigue el secuestro y desaparición forzada del ciudadano brasileño Edmur Péricles Camargo ocurrida hace 50 años, el 16 de junio de 1971.
Con material documental perteneciente a los archivos de ambos organismos encontrados luego de un trabajo de investigación y cruce de información, se denunció que en esa fecha Camargo exiliado por la dictadura de su país, bajo el nombre de Enrique Villaca, inició el viaje desde Chile hacia Uruguay en el vuelo comercial 135 de LAN Chile, con la intención de entrevistarse con el ex presidente brasileño Joao Goulart, a quien debía entregarle tres cartas remitidas por brasileros exiliados en Chile.
El servicio secreto brasileño, enterado del viaje de Camargo, notificó al agregado militar de la embajada de Brasil en Buenos Aires y, finalmente, a las 3 de la madrugada del 17 de junio lo detienen durante la escala en Ezeiza. De allí lo trasladan al Aeroparque Jorge Newbery y lo suben a un avión de la fuerza aérea de Brasil con destino a Río de Janeiro.
Tanto el secuestro como el posterior traslado, describe la denuncia penal, se desarrolló ilegalmente dentro de las actividades del llamado Plan Cóndor: “Los militares de inteligencia y agregados militares que participaron en la operación de traslado de Camargo a Brasil, son Miguel Cunna Lanna, Sebastián José Ramos de Castro y Paulo Sergio Nero, según consta en la documentación mencionada, la cual es ofrecida como prueba, e integra la presente denuncia, encontrándose adjunta a la misma”.
Toda la operación fue posible por el trabajo conjunto de las dictaduras de Brasil, Argentina y Chile.
La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 a cargo del Dr. Federico Villena, quien reconoció como querellantes a ambas organizaciones.
Previo a la presentación, los organismos firmaron un convenio de cooperación con el objeto de articular acciones para trabajar conjuntamente sobre los ejes de Memoria, Verdad y Justicia vinculados al Terrorismo de Estado que sufrieron los países de la región.
El presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, el titular del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, Jair Krischke, Carlos Sánchez Viamonte integrante de la CPM, Roberto Cipriano García su Secretario Ejecutivo y la Directora general Sandra Raggio, participaron del acto que da inicio a diversas acciones tendientes al impulso e investigación de causas comprendidas dentro del denominado «Plan Cóndor».
“Es un honor para nosotros firmar este convenio con la CPM porque estamos forjando una asociación para el bien, para las cosas buenas, para hacer frente a tantos años de impunidad en nuestra región.
El Plan Cóndor fue bautizado en noviembre de 1975 en Santiago de Chile, pero esto no quiere decir que la criatura, la práctica, no existía desde antes.
Lamentablemente, como dice Adolfo ‘El Cóndor sigue volando’ y lo seguirá haciendo mientras toda esta memoria no sea rescatada y puesta en valor en nuestros pueblos”, señaló el Presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, Jair Krischke.
Por su parte, Adolfo Pérez Esquivel agradeció a Jair Krischke por la firma del convenio y el compromiso de ambos organismos para la colaboración en materia de causas de lesa humanidad en torno “al operativo Cóndor que extendió sus tentáculos en todo el mundo, no sólo en el cono sur.
Utilizaban mucho las embajadas como bases operativas para perseguir a refugiados. Entonces lo que presentamos ahora con esta denuncia por el caso de Camargo es uno más de todos los casos en el continente y lamentablemente debemos decir que estas metodologías no desaparecieron”.
Los crímenes de lesa humanidad cometidos por las dictaduras del continente son imprescriptibles y a pesar del tiempo ocurrido deben ser investigados con celeridad y diligencia, para consolidar el proceso de memoria, verdad y justicia que ha tenido desarrollos dispares en los países del continente.
En la mayoría de ellos, han persistido los intentos de garantizar impunidad a los perpetradores, y las causas que investigan estos crímenes atroces han avanzado por el reclamo de los organismos de derechos humanos que continúan reclamando justicia.
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Comisión provincial por la memoria
La CPM está integrada por: Adolfo Pérez Esquivel (presidente), Dora Barrancos (presidenta), Susana Méndez (vicepresidenta), Víctor De Gennaro (vicepresidente), Roberto Cipriano García (secretario), José María di Paola (pro-secretario), Ernesto Alonso (tesorero), Víctor Mendibil, Ana Barletta, María Sonderéguer, Nora Cortiñas, Yamila Zavala Rodríguez y Carlos Sánchez Viamonte.
Consultores académicos: Baltasar Garzón, Theo van Boven, Antonio González Quintana, Patricia Funes
La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires es un organismo público extra-poderes que funciona de manera autónoma y autárquica.
Fue creada por resolución legislativa 2117 de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires en julio de 1999, y ratificada por la ley 12.483 del 13 de julio de 2000 y su modificatoria, la ley 12. 611/2000.
Está integrada por referentes de organismos de derechos humanos, religiosos de distintos credos, intelectuales, funcionarios universitarios y judiciales, legisladores y sindicalistas, como expresión plural del compromiso con la memoria del terrorismo de estado y la promoción de los derechos humanos.
Mediante la Ley provincial 12.642/00 -aprobada por unanimidad- recibió el edificio en el que había funcionado durante medio siglo la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) para que establezca su sede.
Junto con ese emblemático edificio, la Comisión asumió la responsabilidad de custodiar y gestionar el primer archivo de inteligencia policial desclasificado de la Argentina: el Archivo de la DIPPBA.