Masacre de Napalpí será investigada en un juicio por la verdad
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Será el primer proceso por crímenes de lesa humanidad del Estado Argentino contra población indígena
Agencia La Oreja Que Piensa. https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/
La jueza Niremperger hizo lugar a la solicitud de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos para investigar la matanza de comunidades originarias ocurrida en 1924.
"Los hechos objeto de investigación exhiben características que permiten su inclusión dentro de la categoría de delitos de lesa humanidad", indicó la magistrada. Las partes fueron notificadas y citadas a juicio.
La jueza a cargo del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, ordenó la tramitación de un juicio por la verdad por la Masacre de Napalpí, en línea con lo requerido por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esa jurisdicción, integrada por los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Amad, el fiscal federal Patricio Sabadini y el fiscal ad hoc Diego Vigay.
Será el primer proceso de este tipo por crímenes de lesa humanidad del Estado Argentino contra población Indígena y estará dirigido a determinar los hechos ocurridos en la masacre perpetrada el 19 de julio de 1924, en el marco de un procedimiento encaminado a la averiguación de la verdad, similar a los tramitados durante la década del '90 en diferentes jurisdicciones para investigar los crímenes de la última dictadura cuando estaban vigentes los efectos de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
En la resolución, Niremperger resaltó que “los hechos objeto de investigación exhiben características que permiten su inclusión dentro de la categoría de delitos de lesa humanidad, cuya imprescriptibilidad posibilita que a pesar del tiempo transcurrido se pueda investigar, y de ese modo procurar su reconstrucción desde una perspectiva histórica”.
La magistrada también señaló que “en ese escenario, se debe considerar que existe un mandato acentuado de debida diligencia que pesa sobre el Estado Argentino, ya que quienes serían víctimas de los hechos en cuestión son integrantes de las comunidades indígenas Qom y Moqoit.
En base a ello, considero necesario transitar un proceso que establezca la verdad de lo acontecido por su valor simbólico, histórico y humano, buscando la determinación judicial de tales hechos”.
“Entiendo entonces que la trascendencia institucional que revisten tales hechos justifica la promoción de una instancia institucional que agote los recursos disponibles para reconstruir los sucesos históricos ocurridos en la denominada 'Masacre de Napalpí'.
La búsqueda efectiva de la verdad resulta relevante no solo en términos de memoria colectiva sino que puede operar favorablemente en el terreno de la reparación histórica y simbólica hacia las comunidades que habrían sido damnificadas directamente con tales hechos”, concluyó la jueza.
La magistrada citó a la Defensoría Pública Oficial de la Víctima, al Ministerio Público Fiscal y a la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia del Chaco -a la cual aceptó como querellante en la misma resolución-, a fin de que en el término de diez días comparezcan a juicio, examinen las actuaciones, ofrezcan las pruebas e interpongan las recusaciones que estimen pertinentes.
"La búsqueda efectiva de la verdad resulta relevante no solo en términos de memoria colectiva sino que puede operar favorablemente en el terreno de la reparación histórica y simbólica hacia las comunidades que habrían sido damnificadas directamente con tales hechos".
La masacre
La denominada Masacre de Nalpalpí fue perpetrada el 19 de julio de 1924. Según los registros históricos y la prueba recabada en la investigación preliminar desarrollada por la Unidad Fiscal, unos 130 policías y un grupo de civiles partieron desde Quitilipi hasta Napalpi por orden del gobernador del entonces territorio nacional del Chaco, Fernando Centeno, para acallar el reclamo de integrantes de pueblos originarios y de criollos que exigían una justa retribución por la cosecha de algodón o salir a trabajar del territorio chaqueño hacia los ingenios de Salta y Jujuy, que ofrecían mejor paga.
De acuerdo con los relevamientos de diferentes historiadores recabados por la fiscalía en el inicio de esta pesquisa, durante 45 minutos la policía descargó más de 5 mil balas de fusil sobre la población de Napalpí.
Las víctimas fueron estimadas en 423, entre aborígenes y cosecheros de Santiago del Estero, Corrientes y Formosa, aunque un 90 por ciento de todos ellos pertenecían a comunidades originarias.
Unos 38 niños lograron escapar de la matanza, pero luego al menos la mitad fue entregado como sirvientes en las localidades de Quitilipi y Machagai, mientras que el resto murió en el camino. Sólo quince adultos lograron sobrevivir.
La investigación preliminar
En 2014, la fiscalía impulsó una investigación preliminar mediante la cual, a través de los años, se pudieron recoger las voces de sobrevivientes Qom y Moqoit, como Pedro Balquinta y Rosa Grilo, y a través de los relatos de algunos de sus descendientes.
Asimismo, se reunió un cúmulo de documentos históricos que fueron aportados por instituciones provinciales y nacionales como las memorias y de los informes de la Comisión Honoraria de Reducciones del Ministerio del Interior de la Nación; documentación de la Reducción Napalpí; de la Intervención del Territorio Nacional del Chaco; los legajos del gobernador Fernando Centeno; del jefe de Policía de Chaco, Diego Uribarrie; de los oficiales Roberto Saenz Loza y Vicente Attis; documentos del Archivo General de la Nación; el diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación; el diario El Heraldo del Norte, con su investigación periodística sobre la Masacre en su Edición Especial de 1925; el expediente judicial N° 910/24 “ Sublevación Indígena en la Reducción Napalpí”, resguardado por el Superior Tribunal de Justicia del Chaco; documentación aportada por el Aéreo Club Chaco; y fotografías de la Reducción y del avión utilizado tomadas por el antropólogo Lehmann-Nitsche, entre muchos otros documentos.
Además, se sumaron a la investigación preliminar importantes trabajos de investigación científica y en muchos casos los testimonios de historiadores e investigadores como Juan Chico, Mariana Giordano, Elizabeth Bergallo, Marcelo Mussante, Lena Davila, Alejandro Covello, Teresa Artieda, Laura Rosso, Pedro Solans, Carlos Díaz y Mario Vidal. También se incorporaron trabajos de investigación del contexto histórico como el de Reconstrucción Histórica del Genocidio Indígena de los investigadores Mariano Nagy, Héctor Hugo Trinchero, Diana Lenton, Marcelo Walko, Darío Aranda y Nicolás Iñigo Carrera, entre otros.
En ese plano, también se realizaron en 2019 en Colonia Aborigen trabajos de excavaciones y exhumaciones, que estuvieron a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense.
Como prueba del contexto histórico, los fiscales mencionaron también una investigación sobre la Masacre del Zapallar contra población indígena, ocurrida en 1933 en esa localidad de la provincia de Chaco, y que cuenta con importante documentación y testimonios aportados por el investigador Rubén Guillon.