El valor de organizarse contra la tortura
La CPM reunió a más de 600 familiares y víctimas de todo el país que luchan contra las violencias estatales y la impunidad
Agencia La Oreja Que Piensa. www.comisionporlamemoria.org
El pasado fin de semana, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó en el complejo turístico de Chapadmalal el VII encuentro nacional de familiares y víctimas de la tortura y otras violencias estatales.
Más de 600 referentes de 15 provincias del país se reunieron para compartir experiencias de organización para luchar contra estas violencias y la impunidad.
Representantes del Comité Nación de Prevención de la Tortura, de la CPM, funcionarios, empleados judiciales y organizaciones que participaron de las mesas de trabajo, destacaron el valor que estas tienen por su independencia y autonomía de los gobiernos, como actores para el control y monitoreo de la política criminal.
El encuentro estuvo atravesado por la noticia de la ejecución policial de Luciano Olivera, los más de 600 familiares realizaron una asamblea y redactaron un documento para solidarizarse con la familia del joven y repudiar el crimen, la represión posterior, la militarización de Miramar y la actuación del Ministerio de Seguridad bonaerense.
“Hoy estamos acá por todos los que no están, por los que sufren la tortura y por los que seguirán sufriendo la tortura y la muerte, porque hay un Estado que continúa perpetrando estas violencias”, dijo en la apertura del encuentro Gladys Sansone, mamá de Danilo, una de las víctimas de la masacre de Monte.
Más de 600 referentes de 15 provincias participaron del VII encuentro nacional de familiares y víctimas de la tortura y otras violencias estatales que organizó este 10, 11 y 12 de diciembre la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en Chapadmalal y que se realizó en simultáneo con el V encuentro nacional de espacios y organizaciones de memoria.
La simultaneidad de los encuentros propició el intercambio entre los referentes de uno y otro espacio, para compartir las experiencias de organización y gestión, la discusión en torno a los temas de la agenda actual de derechos humanos, la vinculación con el Estado, el trabajo con los y las jóvenes, el rol de los sitios frente las violencias estatales y la incorporación de las nuevas víctimas de violaciones a los derechos humanos a los relatos de los espacios de memoria.
Las jornadas estuvieron marcadas por la conmoción que causó el crimen de Luciano, el joven de 16 años ejecutado de un tiro en el pecho por un oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en Miramar, pocas horas antes del comienzo del encuentro.
“El asesinato de Luciano no es un hecho aislado. Como familiares víctimas sabemos que esta es una práctica cotidiana de las fuerzas de seguridad que desde hace décadas mata sistemáticamente a las pibas y los pibes de nuestros barrios”, señalaron en un documento que lleva la firma de los más de 600 familiares presentes.
En ese mismo pronunciamiento, los y las familiares se solidarizaron con la familia de Luciano, se comprometieron a acompañar su lucha por justicia y repudiaron el crimen policial y la posterior represión y militarización de Miramar.
Además, exigieron al Ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni que “deje de negar públicamente los casos de gatillo fácil”, en alusión a sus comentarios tras la ejecución de Luciano y el asesinato de Alejandro Martínez en la comisaría de San Clemente del Tuyú.
“Las matrices de las políticas neoliberales que persisten dentro del Estado, generan estas violencias estatales que siguen vigentes y se ven a simple vista en las políticas de seguridad y en la política criminal desde hace 20 años, alimentando el punitivismo o la mano dura, desplegándose en los territorios a través de las violencias y las prácticas sistemáticas de la tortura, contando además con la cobertura corporativa de la institución para generar impunidad.
Los gobiernos pueden y deben cambiar estas políticas”, expresó el secretario de la CPM Roberto Cipriano García.
“Tenemos una concepción de lo tiene que hacer un organismo como la Comisión: la defensa de los derechos humanos como demanda hacia el Estado no la concebimos si no es con las organizaciones y el activismo por la memoria y los derechos humanos.
Sabemos que en democracia también se consolidan proyectos regresivos en materia de derechos humanos, esta es una pelea política e ideológica como sociedad y esas peleas las damos organizados”, agregó la directora general de la CPM Sandra Raggio.
Desde el 2014, la CPM promueve espacios de encuentro, reflexión y capacitación para fortalecer la intervención territorial de las organizaciones de familiares y víctimas de la violencia estatal. Ese trabajo conjunto se consolidó y potenció desde la designación como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura en 2017.
La CPM incorporó activamente a 10 de estas organizaciones en el trabajo de control y monitoreo, creando el año pasado el Programa Punto Denuncia Torturas, para la recepción y presentación de denuncias por violaciones de derechos humanos en los lugares de encierro y la contención de las víctimas y sus familias.
El rol y el valor de estas organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra las violencias estatales fue, quizá, la más importante de las definiciones que se escucharon en las distintos espacios de trabajo y debate.
Dentro de las distintas mesas y talleres que se desarrollaron, una se centró en el rol e intervención de los mecanismos de prevención de la tortura y las organizaciones en los territorios, como herramientas para luchar contra las violaciones de derechos humanos. Expertos extranjeros, comisionados del Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT), integrantes de la CPM y distintas organizaciones participaron del debate.
“El problema no es la legislación, sino que los Mecanismos que se están formando reducen la participación de la sociedad civil a la mínima expresión, cuando son estos actores de la sociedad civil los que pueden juzgar los resultados y no las intenciones de estos mecanismos y los que van a permitir, al mismo tiempo, que se conforme el capital político para luchar contra el consenso punitivo”, resumió el comisionado del CNPT Gustavo Palmieri.
La Ley 26.827 que creó el Sistema nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y/o degradantes se promulgó en 2013; hasta el día de hoy sólo siete provincias tienen designado un Mecanismo local.
Asimismo, ni la ley ni la constitución de estos mecanismos garantizó por sí sólo su funcionamiento, teniendo muchos de ellos bajos presupuestos o pocos profesionales para desarrollar la tarea.
“Yo celebro que los mecanismos molesten a los gobiernos, porque su función es incomodar y el poder ejecutivo es el gran organismo a controlar, es el que tiene el mando de todas las fuerzas represivas y el que asume la cobertura e impunidad de las fuerzas represivas”, destacó el fiscal federal Claudio Pandolfi.
“Sabemos que falta y que tenemos que luchar contra un discurso punitivo legitimado desde hace años, pero veo que la efectividad del Comité ha sido positiva, en lo concreto, en el reconocimiento de las provincias y los poderes de dar explicaciones por el accionar de los funcionarios penitenciarios y policiales.
La denuncia y la condena son importantes porque la impunidad es la madre de todo el abuso y el terror que genera el estado”, sostuvo la comisionada del CNPT Rocío Alconada Alfonsín.
Por su parte, la ex diputada nacional y comisionada del CNPT Diana Conti destacó el trabajo de la CPM como un ejemplo para los mecanismos del resto de las provincias y reclamó más compromiso de los y las legisladoras con el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura:
“Necesitamos que se involucren en los comité porque la madre del hacinamiento carcelario, del uso del derecho penal como control social, son las leyes penales que emergen de nuestras legislatura y el Congreso”.
El encuentro contó también con la participación de las integrantes de la CPM Laura Ginsberg y María Sonderéguer y las presencias internacionales de los integrantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Uruguay Wilder Tyler y los referentes del sitio de memoria Domingo Cañas de Chile, Marta Cisterna y Luciano García.
Tal como sucede en Argentina, en ambos países se consolidó en los últimos años un discurso punitivista.
“La Ley de Urgente Consideración es, en esencia, una normativa represiva, un paquete punitivo que incrementa penas, crea delitos y otorga más facultades a las fuerzas de seguridad y genera nueva capas de impunidad.
Desde su sanción, hubo una explosión de los números de personas en prisión; teníamos un sistema completo al momento de sanción de la ley, a los seis meses teníamos sobrepoblación, ahora ya hablamos de hacinamiento.
Uruguay tiene la tasa de prisionización más alta de América Latina”, explicó Tyler. La ley entró en vigencia en junio del año pasado y será sometida a referéndum en marzo del 2022.
En Chile la tortura fue tipificada recién en 2016, sin embargo son muy pocos los casos de tortura que han sido tipificado como tales; como ocurre también en Argentina, la justicia termina empleando la figura del apremio ilegal.
“Para visibilizar que se necesitaba un Mecanismo, desde el sitio de memoria nos constituimos de hecho y fuimos a una cárcel de adolescentes y otra de adulto, luego elaboramos un informe que desencadenó en una serie de denuncias y desde entonces no nos permitieron entrar más”, recordó Marta Cisterna.
Y agregó: “Tenemos que empoderarnos de un marco normativo en derechos humanos, para que desde la sociedad civil podamos profesionalizar una labor de control”.
Las organizaciones de familiares y víctimas de la violencia estatal, las organizaciones de la sociedad civil con trabajo en defensa de los derechos humanos en el sistema penal, son garantía de independencia frente a los poderes de turno.
Las reflexiones del VII encuentro nacional no sólo demuestran que hay organizaciones con capacidad de intervención y demanda al Estado, sea cual sea el gobierno, sino que también están comprometidas con esa labor.
“Cuando a mi hijo lo llevaron preso a los 18 años, por un delito que no cometió, conocí la cárcel, mi hijo nunca me contó, pero sí empecé a conocer por lo que decían las compañeras en las filas de espera de ingreso.
El Estado que tenía que garantizar derechos estaba perpetrando torturas y yo pensaba cómo puede ser que nadie lo sepa. Empezamos a buscar una explicación sobre por qué nos pasaba esto. Desde hace 16 años nunca dejamos de juntarnos los martes a las 5 de la tarde.
No somos las Madres que damos la vuelta los jueves, pero ellas nos enseñaron que teníamos un momento donde parar para pensar cómo organizarnos y sigue siendo eso todavía hoy”, señaló Andrea Casamento, referente de ACiFaD e integrante del Subcomité de prevención de la tortura de Naciones Unidas.
En el cierre del encuentro César Antillanca, padre de Julián, joven asesinado en la provincia de Chubut, destacó:
“Debemos organizarnos cada uno en su lugar, volver con más ganas de trabajar a nuestros lugares, para que nuestros pibes y nuestras pibas puedan alguna vez caminar tranquilos”.
Comisión Provincial por la Memoria
La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires es un organismo público extra-poderes que funciona de manera autónoma y autárquica.
Fue creada por resolución legislativa 2117 de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires en julio de 1999, y ratificada por la ley 12.483 del 13 de julio de 2000 y su modificatoria, la ley 12. 611/2000.
Está integrada por referentes de organismos de derechos humanos, religiosos de distintos credos, intelectuales, funcionarios universitarios y judiciales, legisladores y sindicalistas, como expresión plural del compromiso con la memoria del terrorismo de estado y la promoción de los derechos humanos.
Mediante la Ley provincial 12.642/00 -aprobada por unanimidad- recibió el edificio en el que había funcionado durante medio siglo la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) para que establezca su sede. Junto con ese emblemático edificio, la Comisión asumió la responsabilidad de custodiar y gestionar el primer archivo de inteligencia policial desclasificado de la Argentina: el Archivo de la DIPPBA.
La CPM está integrada por:
Adolfo Pérez Esquivel (presidente), Dora Barrancos (presidenta), Susana Méndez (vicepresidenta), Víctor De Gennaro (vicepresidente), Roberto Cipriano García (secretario), José María di Paola (pro-secretario), Ernesto Alonso (tesorero), Víctor Mendibil, Ana Barletta, María Sonderéguer, Nora Cortiñas, Yamila Zavala Rodríguez, Laura Ginsberg y Carlos Sánchez Viamonte.
Consultores académicos: Baltasar Garzón, Theo van Boven, Antonio González Quintana, Patricia Funes.
Dirección de comunicación y prensa: Diego Díaz: 011 – 5944 3174
Oficina de Comunicación y prensa: 0221- 426 2970