CARTA ABIERTA AL PUEBLO DE GUATEMALA Y A LOS PUEBLOS DEL MUNDO

Agencia La Oreja Que Piensa. Guatemala. Mayo 2013.
La resolución de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, emitida el 20 de mayo del 2013, con la cual se dejó sin efecto la sentencia condenatoria emitida por el Tribunal de Sentencia Penal de Alto Riesgo sobre el delito de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad, vulnera más el sistema de justicia guatemalteco y sienta un precedente nefasto que nos lleva a sostener la hipótesis, que en Guatemala la IMPUNIDAD no permite juzgar los delitos de genocidio y delitos contra la humanidad cometidos principalmente contra el pueblo maya, porque el sistema judicial sigue cooptado por poderes militares, económicos, políticos y mediáticos más recalcitrantes de este país.No es legal conforme a la legislación guatemalteca, que los magistrados: Alejandro Maldonado Aguirre, Héctor Hugo Pérez Aguilera y Roberto Molina Barreto, hayan resuelto en base a un ocurso en queja, ya que mediante ese recurso no pueden variar el fondo de las decisiones judiciales que ya se han emitido, contradiciendo lo establecido en la ley y la jurisprudencia, en el sentido de que no se puede retrotraer el proceso a fases ya concluidas, y hacen más tardía y extemporánea la interpretación de lo actuado por el tribunal.

Esta resolución firmada por tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad da lugar a la politización del sistema judicial poniéndola al servicio del chantaje, la maliciosidad y mala fe, como lo actuado por parte de la defensa del General Efraín Ríos Montt y Rodríguez Sánchez en todo el proceso de debate.

Los mayas tenemos memoria milenaria y no olvidamos nuestra historia, por eso lucharemos incansablemente resguardando las evidencias del genocidio, ya que técnica, científica y jurídicamente prueban que hubo genocidio y delitos contra los deberes de humanidad en nuestro país.

Los crímenes fueron cometidos por el alto mando militar y otros sectores que hoy por hoy impiden su juzgamiento, poniendo en riesgo el Estado de Derecho, la Democracia y la Paz.

Exigimos que la Corte de Constitucionalidad dé la cara a las resoluciones que emite, puesto que no le compete interferir en las actuaciones de los jueces y tribunales dentro de los juicios ordinarios que se siguen, como en este caso, que limita juzgar otros crímenes graves cometidos en el país.

Nos oponemos a la campaña mediática que se ha levantado por ciertos sectores, haciendo creer al pueblo guatemalteco que el General Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, son inocentes y que no tuvieron nada que ver con el genocidio perpetrado contra el pueblo maya, cuando en realidad los testimonios de los y las sobrevivientes del genocidio, encabezado por el pueblo ixil, son contundentes e ilustrativos de las barbaries que se cometieron contra su familia y comunidad.

Repudiamos que el sistema de justicia guatemalteco revictimice a los sobrevivientes del genocidio, lo cual consideramos un irrespeto a su dignidad e integridad, siendo un acto más de racismo y discriminación que el pueblo maya ha sufrido por siglos.

Hacemos un llamado al pueblo de Guatemala, a los pueblos del mundo, a la comunidad internacional y a las organizaciones internacionales defensoras de Derechos Humanos, para que acompañen y observen los distintos procesos que se llevan a cabo dentro del juicio, para no seguir permitiendo retrocesos que contribuyen a la absoluta IMPUNIDAD y así fortalecer el Estado de Derecho. ¡POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA, NO AL GENOCIDIO! Guatemala, 22 de mayo de 2013 Dra. Rigoberta Menchú Tum Presidenta