El proyecto de Milei reactualiza los años oscuros de la dictadura
Agencia La Oreja Que Piensa. Por Sergio Ferrari
A medio siglo del último –y más brutal-- golpe militar de la historia, la democracia argentina confronta hoy otro tipo de embate: el gobierno de Javier Milei. A pesar de haber surgido de las urnas, el suyo es portador de un proyecto económico, social e ideológico en sintonía con el que implementó la dictadura en los años 70.
Sin embargo, aunque muchas veces ignoradas por los grandes medios de información, son casi cotidianas las expresiones de resistencia popular contra dicho proyecto anti-social.
Radiografía de la parálisis productiva
Más de 22 mil empresas, fundamentalmente medianas y pequeñas, aunque también muchas grandes, cerraron sus puertas los últimos dos años. Con una pérdida de 300 mil puestos de trabajo: 200 mil en el sector privado y el resto en el sector público.
Una lectura más fina de las estadísticas oficiales revela más de 550 mil personas desplazadas de empleos formales.
De ellas, casi 386 mil categorizadas como monotributistas sociales, es decir, trabajadora-es independientes.
Desde la asunción del nuevo gobierno fueron dos años muy complejos tanto para el sector asalariado como para los independientes, y el futuro no se vislumbra mejor.
En febrero, el gobierno logró que el parlamento aprobara la nueva Ley del Trabajo, reforma laboral de corte neoliberal con similitudes a la legislación que prevaleció durante la última dictadura entre 1976 y 1983.
La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que cuestionará judicialmente esta Ley. Fundamentalmente producirá el debilitamiento intencional de la organización sindical y de derechos esenciales, como las negociaciones paritarias por sectores y el de huelga.
Esta nueva ley, que Milei presenta como de “modernización laboral”, implica la pérdida de conquistas históricas, como los contratos de trabajo y el reconocimiento de las horas extras, además del aumento de jornadas laborales, vacaciones fraccionadas a capricho del patrón y la flexibilización de los despidos.
En términos macroeconómicos, se trata de una transferencia multimillonaria de recursos de los trabajadores y jubilados hacia el sector empresarial. A partir de la aplicación de la Ley, por ejemplo, los empresarios (grandes, medianos y pequeños) contribuirán mensualmente a un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para subsidiar los despidos laborales, que seguramente se multiplicarán vertiginosamente.
Irónicamente, este fondo que se constituye con un 3,5% de la masa salarial bruta el sector patronal podrá descontarlo de su aporte obligatorio a las jubilaciones y previsión social.
Este traslado gigantesco del ingreso nacional de los trabajadores y pensionados hacia el empresariado representa nada menos que un castigo inmerecido a los jubilados, que ya están padeciendo el congelamiento de sus magras pensiones y la pérdida irreversible de su poder adquisitivo. (https://centrocepa.com.ar/informes/727-la-precarizacion-avanza-analisis-de-la-reforma-laboral).
Para ponerle rostro humano a estas cifras, basta mencionar que la pensión mínima actual (incluyendo un bono suplementario especial) equivale a 305 dólares mensuales, en tanto que el salario mínimo inicial se ubica alrededor de los 239 dólares.
Por su parte, el salario de un empleado de comercio con diez años de antigüedad apenas alcanza los 774 dólares mensuales. En resumidas cuentas, ingresos deprimidos al máximo en un país cuyos precios son de por sí exorbitantes.
Donde un kilo de pan cuesta entre 2,50 y 3 dólares y un litro de leche en torno a 2 dólares, mientras que un kilo de arroz ronda los 3 dólares, el de harina más de 1 dólar y cualquier corte de queso común, supera los 10 dólares.
La ropa, al igual que los servicios públicos, como el agua corriente, el gas y la electricidad, cuestan tanto como en España, Francia o Italia.
El costo mensual de la salud privada también alcanza niveles europeos: una “prepaga” (seguro privado de salud) de cobertura básica y sin lujos para un grupo familiar de cuatro personas puede oscilar en 400 dólares, alcanzando más de 1.000 dólares mensuales las que ofrecen mejores servicios de base.
En otras palabras: para evitar caer en situación de pobreza, como la que padece más del 40% de la población (según estadísticas no oficiales, según el gobierno menos del 30%), una familia necesita un mínimo de cuatro salarios básicos.
La abrupta caída del poder adquisitivo de los trabajadores, así como de su participación en el ingreso nacional, fue uno de los objetivos principales de la dictadura de los años 70.
En 1974, esta participación representó el 45% del presupuesto nacional, pero en 1982, casi a fines de la dictadura, apenas un 22%. Con el kirchnerismo en el gobierno, llegó al 51%, y en la actualidad oscila alrededor del 36%.
Similitudes entre ambos modelos que se expresan, también, en la priorización absoluta del capital financiero, el castigo a la producción nacional al privilegiarse la importación libre e indiscriminada de productos, y la explosión del ciclo de endeudamiento (https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/265247).
Además, la política mileísta, que procura disciplinar con rigor a los sindicatos, arrebatarles poder a sus estructuras y desregular los derechos laborales coincide con la de los dictadores de la década de los 70.
Significativamente, dos proyectos similares bendecidos desde Washington -en la actualidad expresada en la subordinación de Milei a la política de Trump- y patrocinados por los organismos financieros internacionales, en especial el Fondo Monetario Internacional.
Ambos proyectos --ayer y hoy-- fundamentando sus políticas de represión, si bien con diferencias de métodos y niveles de brutalidad, en concepciones conservadoras y discursos “anticomunistas”, en el desmantelamiento del Estado social y el imperio del capital por sobre todo.
Así como en un mayor control de la migración y de una parte importante de los grandes medios de prensa (ayer y hoy) y de activas redes sociales promotoras de fakes y bulos (hoy).
Desgaste económico sin correspondencia política
Según una encuesta de febrero de la consultora Proyección, 70% de los respondientes dijo que la economía sigue igual de mal o peor con respecto a diciembre de 2025, poco antes de la llegada del nuevo gobierno, debido al “ajuste” económico y financiero introducido por Milei.
Otro dato crucial surgido de la encuesta es que un 57% admitió haber recurrido al endeudamiento para cubrir gastos domésticos mediante préstamos entre familiares, tarjetas de crédito, billeteras virtuales, créditos bancarios o financieros.
Pese al malestar económico, el escenario electoral sigue mostrándose auspicioso para el oficialismo. Si hoy hubiera elecciones nacionales, La Libertad Avanza obtendría el 43,6% de los votos, mientras que el peronismo/kirchnerismo (enfrascado en inexplicables peleas internas y con la expresidenta Cristina de Kirchner, proscripta y en prisión) alcanzaría el 35,9%.
Muy por detrás, otras fuerzas con apenas un 3%. A pesar del desgaste social causado por el proyecto Milei, estas proyecciones permiten pensar que, por el momento, el electorado no ve una alternativa de gobierno y que además les sigue pasando una factura muy cara a los dos gobiernos anteriores, tanto el neoliberal de Mauricio Macri como el peronista de Alberto Fernández, por no haber cumplido con sus promesas de mejora social. (https://www.infoplatense.com.ar/costo-social-del-plan-milei-siete-de-cada-diez-argentinos-dicen-que-su-economia-empeoro/).
Resistencias cotidianas
Cuando el 24 se recuerde el aniversario del Golpe de Estado cívico-militar, importantes sectores sociales argentinos realizarán centenas de actividades públicas en todo el país: plazas, escuelas, universidades, sitios de memorias, frente a las prisiones (como la de Coronda en Santa Fe).
Solo en la Provincia de Santa Fe se realizan en marzo más de un centenar de actividades en 22 ciudades y pueblos.
Repitiendo así una dinámica anual de particular trascendencia desde el retorno a la democracia ya incorporada en la agenda ciudadana: las movilizaciones multitudinarias con concentraciones principales, pero con actos dispersos en todo el territorio nacional.
Este año, al igual que en 2024 y 2025, estas protestas incorporan a sus ejes tradicionales de defensa y promoción de la Memoria, Verdad y Justicia, la denuncia a las políticas negacionistas y de agresión frontal del Gobierno Milei contra los derechos humanos.
La pulseada entre amplios sectores sociales y el Gobierno ha sido una constante en estos últimos 27 meses. De ella hablan no solo las cuatro huelgas nacionales convocadas en este periodo sino los centenares de conflictos grandes, medianos o pequeños contra las políticas antisociales del gobierno.
Las cada vez más participativas manifestaciones y protestas de mujeres, feministas y de la diversidad. Así como miles de pequeños gestos e iniciativas locales de resistencia que hacen de Argentina un país en constante ebullición.
Que se confronta a un modelo cada vez más sofisticado y expandido de represión, la otra cara de la estrategia de la derecha en el poder.
Emblemática fue, por ejemplo, la manifestación por el Día Internacional de la Mujer que en Argentina se convocó el lunes 9 de marzo con decenas de miles de personas en la calle.
La protesta fue tan amplia que los mismos medios de información conservadores debieron reconocer que las manifestantes “llenaron la Plaza de Mayo” frente a la Casa de Gobierno, en Buenos Aires.
El cotidiano progresista argentino Página 12 en la tapa de su edición del 10 de marzo titulaba: “La marea vuelve. Unir las luchas contra el FMI y Milei” fue la consigna que enarboló una multitud, “convencida que los feminismos son hoy unas de las principales fuerzas de la resistencia”.
Las participantes “llamaron a combatir a un gobierno que niega la figura del feminicidio y desmantela todas las herramientas para prevenirlo”.
